Gaceta de Jurisprudencia de Derecho Público Nº 115 (Semana del 16 al 22 de agosto de 2020)
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Gaceta de la Jurisprudencia de Derecho Público
Semana del 16 al 22 de agosto de 2020
Esta semana destacamos la sentencia de la Excma. Corte Suprema caratulada “Corporación de Gestión Cultural Centro de Extensión Instituto Nacional José Miguel Carrera con Contraloría General de la República”, Rol N°30.298-2020, donde se señala que si bien las corporaciones que pueden crear las municipalidades corresponden a personas jurídicas de derecho privado, igualmente, desde el punto de vista orgánico, se incorporan a la Administración del Estado, puesto que nacen a la vida del Derecho por iniciativa pública. Por lo demás, a través de las corporaciones municipales el Estado realiza en forma indirecta ciertas actividades vinculadas al cumplimiento de sus funciones. La revisión de la legalidad de la constitución de una corporación municipal es susceptible de ser visado por la Contraloría General dela República (CGR), puesto que dichas corporaciones se crean por iniciativa de la correspondiente municipalidad, por lo que el acto de creación corresponde a un acto administrativo, por lo tanto, el carácter público de la iniciativa de creación impregna sus actuaciones y relaciones con las demás personas jurídicas derecho privado y público y, especial, con la ciudadanía misma. En ese contexto, es correcta la decisión de la CGR de observar el acto administrativo de constitución de una corporación municipal que tiene contemplado en su giro gestionar el uso de dependencias de un establecimiento educacional para el desarrollo de actividades culturales y de extensión para sus estudiantes. Ello, por cuanto se infringe lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley N°18.695, el cual prohíbe que la ejecución del proyecto educacional de aquellos establecimientos administrados por la respectiva municipalidad sea delegada a órganos privados. Considerando lo anterior, el hecho de que el Ente Contralor ordenara a la municipalidad que adopte las medidas pertinentes para la cancelación de la personalidad jurídica de la corporación cuestionada, debiendo asumir de inmediato las funciones realizadas por esta, significa que de facto se extiende la facultad de la CGR a la ejecución de las potestades de la municipalidad, lo que es contrario a la ley.
Saludos
Estudio Zuñiga – Campos abogados
Francisco Zuñiga Urbina (Director ICHDA)
Natalia Muñoz Chiu (Tesorera ICHDA)
